Con la aprobación de la Ley Antifraude, multitud de empresas españolas se han visto obligadas a revisar sus operaciones y obligaciones fiscales. Por si aún no la conoces, esta normativa entrará en vigor en los próximos meses y supondrá cambios en la gestión de registros contables y emisión de facturas.

Si eres una de las empresas afectadas, ¡que no cunda el pánico! Porque desde Opentix te proporcionamos toda la información que necesitas saber para ponerte al día con estas nuevas obligaciones legales. Sin embargo, es importante tener una comprensión clara de cómo funciona la Ley Antifraude y cuáles son los cambios legales que impone para cumplir con las normas fiscales.

Es por ello por lo que, en este artículo, responderemos a las 10 preguntas más frecuentes que se hacen empresas y autónomos sobre cómo afecta la Ley Antifraude a sus operaciones y obligaciones fiscales. ¡Sigue leyendo y toma nota!

 

1. ¿Qué obligaciones a la hora de facturar tendrán las empresas?

A partir del 1 de julio de 2024, que es cuando se prevé la entrada en vigor de la Ley Antifraude, las empresas tendrán la obligación de cumplir con un reglamento que establece los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación.

Este reglamento implica la inclusión de un código QR o un código identificativo alfanumérico en todas las facturas, lo que permitirá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria acceder a cierta información de manera voluntaria a través de su sede electrónica.

 

2. ¿Cuáles son los plazos para cumplir con la obligación de emitir facturas electrónicas por las empresas y autónomos?

La Ley Crea y Crece establece que el Gobierno tiene hasta el mes de marzo de 2023 para aprobar una normativa que desarrolle todos los aspectos técnicos de la facturación electrónica.

A partir de ese momento, las empresas que facturen más de 8 millones anuales tendrán un plazo de un año para implementar la facturación electrónica como obligación. Por otro lado, el resto de empresas y autónomos tendrán dos años para cumplir con esta obligatoriedad.

 

3. ¿Qué obligaciones tendrán las empresas respecto al software certificado tras la ley antifraude?

La Ley Antifraude establece la obligación de que los sistemas y programas utilizados en procesos contables, de facturación o de gestión en actividades económicas garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, y se establecerán regulaciones técnicas que requerirán la certificación y el uso de formatos estándar.

 


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4. ¿Qué es el software de doble uso y qué sanciones conlleva usarlo?

El software de doble uso es aquel que permite ocultar ventas, modificar tiques y emitirlos sin dejar rastro en la contabilidad, lo que disminuye la tributación.

La nueva ley contra el fraude fiscal establece sanciones para los productores y comercializadores de este tipo de software, quienes serán multados con 150.000 euros por cada sistema que facilite estas prácticas y por cada ejercicio en que se hayan realizado ventas. Además, los programas comercializados sin el certificado adecuado serán multados con 1.000 euros por unidad. Las empresas y autónomos que usen estos programas también serán sancionados con 50.000 euros por cada ejercicio en que utilicen programas sin certificado o con el certificado modificado o alterado.

 

5. ¿Cuál es el límite de pagos en efectivo tras la ley antifraude?

La Ley Antifraude ha establecido límites más estrictos para los pagos en efectivo con el fin de reducir el fraude fiscal. El límite general de los pagos en efectivo se ha reducido a 1.000 euros, mientras que para los pagos realizados por particulares que residen fuera de España, el límite es de 10.000 euros.

Aquellos que incumplan esta prohibición enfrentarán una multa del 25% del importe pagado en efectivo. Sin embargo, si la multa se paga con una reducción del 50% antes de la notificación de la resolución definitiva y no se presentan alegaciones o recursos, se aplicará la reducción.

 

6 y 7. ¿Cuándo empieza el periodo voluntario y el periodo obligatorio o sancionador? ¿Cuáles son los plazos por el periodo ejecutivo?

Existen plazos establecidos para el pago de deudas tributarias en periodo voluntario, que varían según si la deuda proviene de una autoliquidación o de una liquidación practicada por la Administración:

  • Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago deberá hacerse desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior.
  • Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el plazo se extiende hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Para deudas de notificación colectiva y periódica sin otro plazo establecido, el pago en período voluntario deberá efectuarse entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre.

 

8. ¿Cómo se aplicará el recargo por la presentación extemporánea?

La nueva Ley Antifraude establece un recargo por presentación extemporánea de autoliquidaciones o declaraciones. Este recargo se aplicará como un porcentaje igual al 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso en la presentación e ingreso, calculado sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o declaraciones extemporáneas.

El recargo excluye las sanciones y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración. Si la presentación se realiza después de los 12 meses desde el término del plazo establecido, el recargo será del 15% y se exigirán los intereses de demora correspondientes.

 

9. ¿Qué es el valor de referencia de los inmuebles tras la ley antifraude?

La introducción de la Ley Antifraude ha establecido un nuevo factor a tener en cuenta en la valoración de los inmuebles, el valor de referencia para el cálculo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Esta medida sólo afectará a aquellos inmuebles que hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero de 2022.

 

10. ¿A qué sanciones les resulta de aplicación la nueva Ley?

  • Sanciones para las que todavía no se ha iniciado el procedimiento sancionador, aun correspondiendo a infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones cuyo procedimiento se encuentre en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley.
  • Sanciones para las que no se haya agotado el plazo para plantear recurso o reclamación.
  • Sanciones recurridas y que tras la entrada en vigor de la ley y antes del 1 de enero de 2022, se desista del recurso, conforme se indica en la Disposición Transitoria Primera de la Ley.
  • Sanción que debe ser anulada parcialmente en ejecución de un recurso o reclamación contra la liquidación o contra la propia sanción.

Después de analizar estas 10 preguntas clave sobre cómo afecta la Ley Antifraude a empresas y autónomos, se puede concluir que esta nueva normativa implica un mayor control y transparencia en la actividad económica de las empresas y autónomos. Se establecen obligaciones fiscales más estrictas, como la obligación de informar sobre las operaciones con terceros y la utilización de medios de pago electrónicos.

 

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